
Por: Juan Sosa
Han pasado tres décadas desde el llamado “error de diciembre”, un episodio que marcó profundamente la economía, la política y la sociedad mexicanas. Este término, acuñado para describir la abrupta devaluación del peso en diciembre de 1994 y sus devastadoras consecuencias económicas, sigue siendo, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en la historia reciente de México. Por lo tanto, al analizar dicho suceso con la perspectiva del tiempo, es evidente que el “error” no fue un evento aislado, sino, más bien, el desenlace de una serie de decisiones y omisiones sistémicas que expusieron la fragilidad del modelo económico mexicano de los años noventa.
En primer lugar, el contexto previo a la crisis fue uno de aparente estabilidad. En este sentido, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari implementó reformas estructurales que incluyeron la privatización masiva de empresas estatales y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Estas medidas atrajeron flujos importantes de capital extranjero y fomentaron una narrativa de modernización económica. Sin embargo, esta “estabilidad” estaba construida sobre bases débiles: un tipo de cambio fijo sobrevaluado, una dependencia excesiva del capital especulativo y una deuda interna creciente a través de los tesobonos, instrumentos financieros que ataban su rendimiento al dólar.
Posteriormente, cuando Ernesto Zedillo asumió la presidencia en diciembre de 1994, el sistema ya estaba al borde del colapso. Así, la devaluación del peso, anunciada apenas semanas después de su toma de posesión, desató una crisis financiera que provocó la fuga masiva de capitales, la quiebra de empresas, el aumento del desempleo y un dramático incremento de la pobreza. A raíz de esta crisis, el rescate financiero por parte de Estados Unidos, a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), permitió estabilizar temporalmente la economía, aunque a un alto costo social y político: la consolidación de un modelo económico subordinado a las exigencias de los mercados internacionales.
Hoy en día, a 30 años de distancia, resulta crucial preguntarnos: ¿aprendimos las lecciones de aquel episodio? Aunque es cierto que México ha diversificado su economía y cuenta con mayores reservas internacionales, la dependencia de los flujos de capital extranjero y las vulnerabilidades en su estructura económica persisten. Además, el costo social de estas crisis sigue siendo relegado en el discurso oficial, perpetuando un modelo que prioriza la estabilidad macroeconómica sobre el bienestar de la población.
En definitiva, el “error de diciembre” no fue solo una falla técnica en la política económica, sino un reflejo de una visión de desarrollo que antepone los intereses financieros a los sociales. Treinta años después, el reto sigue siendo construir un modelo económico más equitativo y resiliente, que evite nuevas crisis, asimismo, repare las heridas que estas dejan en el tejido social.
Nos leemos en la próxima
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