
Por: Roy Vázquez
Playa del Carmen, miércoles 4 de diciembre 2024.-Finalmente, se ha iniciado la investigación en el caso de la primaria Eduardo Priego León, un proceso que evidencia el grado de resistencia y encubrimiento por parte de las autoridades locales. Fue necesario que la titular de la SEQ, Elda Xix, interviniera directamente al enviar abogados y representantes del SNTE para tomar las declaraciones de las maestras afectadas. Este paso, aunque significativo, llega después de un prolongado periodo de omisión y daño a las víctimas.
Las declaraciones presentadas ante Elda Xix no solo confirmaron la magnitud del problema, sino que expusieron la incapacidad –o el desinterés– de las autoridades locales para proteger a las afectadas. Entre lágrimas, las maestras narraron el daño emocional y profesional que han enfrentado, mientras las autoridades locales permanecían en silencio, incapaces de justificar su pasividad. Elda Xix lo resumió con contundencia: “Aquí veo a mujeres dañadas”, un reconocimiento que también es una acusación contra quienes debieron actuar y no lo hicieron.
El punto más grave de este caso radica en la complicidad. El agresor no actuó solo; fue protegido por un sistema que ignoró reiteradamente las denuncias. La pregunta que ahora surge es inevitable: ¿quiénes fueron los responsables de encubrirlo y por qué permitieron que estas situaciones se perpetuaran, afectando a más de una víctima?
A pesar de la gravedad del caso, aún persisten irregularidades en la investigación. Por ejemplo, testimonios como el de una directora que presentó evidencia siguen sin ser atendidos, lo que refuerza la percepción de una justicia que se mueve con lentitud y, en algunos casos, de forma selectiva.
El mensaje que este caso envía es preocupante. Cuando las autoridades locales hacen todo lo posible por frenar la búsqueda de justicia, no solo perpetúan el daño, sino que dejan a las víctimas en un estado de vulnerabilidad extrema. La llegada del SNTE y de los abogados representa un avance, pero también evidencia cuánto tiempo y presión social fue necesario para llegar a este punto.
La sociedad no puede tolerar que un sistema educativo, que debería ser un espacio seguro, se convierta en cómplice de la violencia y el encubrimiento. Es momento de actuar con firmeza, deslindar responsabilidades y garantizar que este caso sea un ejemplo de justicia, no de impunidad. Las maestras de la primaria Eduardo Priego León merecen algo más que tardíos gestos de apoyo: merecen justicia plena.