
El pasado viernes 10 de diciembre, se conmemoró el día Internacional de los Derechos Humanos en México, país donde las autoridades de los tres niveles, tienen mucho que reflexionar, debido a la grave crisis en torno a los desaparecidos, cuya cifra oficial oscila en 95 mil desapariciones, pero tan solo existen 35 sentencias, dejando en claro, la impunidad absoluta que prevalece hasta hoy, desde el sexenio de Felipe Calderón.
Lo cual, me lleva a rescatar aquella visita del “Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU”, cuyos representantes reconocieron que en este país siguen desapareciendo personas y que orilló al Presidente de la República, el pasado 30 de noviembre a pedir pruebas de lo dicho.
Pero, qué significan los Derechos Humanos en un país como México, el cual acumula tanto horror, sobre todo para aquellos que han perdido un ser amado, los cuales, han pasado más de una década, buscando a sus seres queridos en fosas clandestinas. Uno de tantos, es Rosario Espíndola, nacida en Quintana Roo, cuyo relato a este reportero, en torno el “viacrucis” por el que ha tenido que pasar, después de 10 años, investigando el paradero de su hijo, es contundente; cuando señala que la omisión de las autoridades es un tema de complicidad, de indolencia, de quienes agrega, que no meten ni las manos para la solución del problema, que no se habla de prevención, porque “no se puede prevenir lo que no se reconoce”.
Dicho de otra manera, los gobiernos de los tres niveles, se encuentran en un retraso preocupante, siguen con el discurso vacío, porque esas pruebas que le pedía el Presidente de la República en la “mañanera del pasado martes 30 de noviembre”, al Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, está en cada uno de los más de 100 mil desaparecidos.
Un claro ejemplo de lo antes mencionado en el párrafo anterior, son la perdida de instancias fundamentales para que esto cambie: la CNDH y la FGR. La primera está abocada a defender a la administración o negar las violaciones a derechos humanos de la actualidad. Sumado a ello, la segunda se escuda en su autonomía (producto de la lucha social) para garantizar la impunidad, y mantener intocadas las redes político-criminales.
Por lo cual, para finalizar, cabe mencionar que no basta con declaraciones de funcionarios, incluido el Presidente, de que las violaciones a derechos humanos han dejado de cometerse. Se tienen que dar soluciones concretas y completas a las miles de víctimas que se acumulan día con día en este país. Como sociedad, nos toca acompañar las demandas de sobrevivientes y familiares y seguir exigiendo a los tres niveles de gobierno, que cumpla con sus obligaciones en términos de derechos humanos. El 10 de diciembre, entonces, puede verse como un día de preocupación, pero también de ocupación y acción hacia un futuro mejor.
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