
Por: Roy Vázquez
Playa del Carmen, miércoles 12 de octubre 2022.- Desde que fue publicada en el Periódico Oficial la reforma que tipifica a la violencia vicaria, ya han sido interpuesta en este municipio 10 denuncias penales por este delito, aunque todavía predomina el desconocimiento de estos cambios y la falta de perspectiva de género, e incluso la corrupción y mala praxis, por jueces, fiscales y abogados.
Así lo acusó hoy un grupo de mujeres, pertenecientes a diversos colectivos defensores de derechos humanos, así como víctimas de este tipo de violencia, en el que una ex pareja sustrae a los hijos como manera de castigar a la mujer.
Amira Cárdenas, integrante del Frente Nacional Mujeres, reveló que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación difundió las obligaciones de las personas operadoras de justicia, frente a la violencia vicaria, incluida la atención a madres y víctimas. Los magistrados allí indicaron que este delito es atravesado por todas las violencias, en especial la económica y patrimonial.
Pese a ello, abundan los expedientes que no avanzan y las instancias de gobierno en donde las mujeres siguen pidiendo justicia, pues sufren violencia institucional, debido a menudo al poder económico o político de su agresor.
Incluso vienen hombres de otros estados a Quintana Roo a ingresar procesos para exigir custodia y así regresar a Yucatán o Campeche con policías para arrebatar a estos niños.
Ariadne Song Anguas, integrante de la Red de Víctimas Quintanarroense, señaló que todavía hay desconocimiento de las autoridades sobre la violencia vicaria y son muchos los fiscales que se rehúsan a aceptar las denuncias y buscan, en su lugar, encuadrar los hechos como violencia familiar.
La activista dio lectura al artículo en el Código Penal, en donde se indica que un juez puede modificar de inmediato la custodia de los menores, si detecta violencia vicaria, además de fijarle responsabilidades a las autoridades que sean cómplices de ella.
La chetumaleña indicó que es importante certificar a los abogados para que estén capacitados en perspectiva de género, derechos humanos y atención de víctimas, pues abunda la mala praxis en estos casos. Los jueces también parecen ignorar el derecho de los niños de convivir con su familia, pues no les dan siquiera convivencia supervisada con sus madres.
Exhortó a Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo a que actualice los criterios, pues existe mucho atraso en la impartición de justicia en la entidad.
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