APUNTES SOBRE LA REFORMA

El análisis del politólogo/Elizardo Sánchez en la columna “CIEN HISTORIAS”

A riesgo de quedar en la superficie del tema de la reforma electoral, y toda vez que ya inició el proceso legislativo del denominado Plan B, aventuro algunos comentarios.

El impulso a las reformas -electorales- se han venido dando desde la oposición, como una medida de negociación política para mantener a la gobernabilidad en los límites de lo manejable.

Esta intención no se daba en los tiempos del partido hegemónico ya que no había interlocución y, por ende, acuerdo. Es hasta la reforma política de Jesús Reyes Heroles, en 1977, cuando se abre la posibilidad a las minorías de ese entonces, a acceder a cargos de elección popular donde inició la negociación política.

Posteriormente, concluida la elección de presidente de la república los partidos políticos abrían “mesas de negociación” para exponer lo que, a su criterio, había generado desequilibrios en el proceso electoral. Se asumía que esta “potestad” era de los partidos que no habían ganado.

En subsecuentes elecciones presidenciales se dieron avances en la democracia, pero, sobre todo, en el fortalecimiento de un árbitro electoral que viene realizando cada vez más funciones, lo que encarece su accionar.

En periodos electorales más cercanos se privilegiaron algunas propuestas en sentido negativo: no a la compra de propaganda por particulares; se impidió a los partidos políticos comprar tiempos en radio y TV; se canceló la denominada “cláusula de vida eterna”, donde los partidos en coalición garantizaban el porcentaje suficiente para no perder su registro; la supresión de la difusión en medios de comunicación social de todo tipo de propaganda de los poderes federales y estatales, como los municipales, órganos de gobierno de la ciudad de México, sus alcaldías y cualquier otro ente público -salvo la relativas a educación, salud y en materia de protección civil- en periodos electorales, entre otras varias.

Si consultamos el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, campaña electoral es “Conjunto de actividades desarrolladas por las candidaturas destinadas a la captación de sufragios”

Ahora bien, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral nos dicta lo siguiente sobre las campañas: “Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas”. Todo coincide en que las campañas son actos “positivos”, de hacer.

En ese orden, el sentido de las reformas debería ser en positivo, de desregulación, del libre ejercicio de la comunicación humana, para aumentar el interés de los electores en el proceso electoral.